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La cronología del destino no está del lado de Lula. Al mismo tiempo que en la VIII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en San Vicente y las Granadinas el presidente brasileño estrechaba sonriente la mano de su homólogo Nicolás Maduro, el cadáver del teniente venezolano Ronald Ojeda era hallado en Chile. Huido a Santiago en 2017 por ser opositor al régimen chavista, Ojeda había sido secuestrado en su domicilio el 21 de febrero por encapuchados que se hicieron pasar por agentes de la policía migratoria chilena. Definido por muchos disidentes y analistas como el Plan Cóndor de Maduro (en referencia al plan implementado por Estados Unidos en función antisoviética y llevado a cabo en los años 70 por las dictaduras latinoamericanas de derecha) según la oposición venezolana el secuestro fue llevado a cabo por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), infiltrados en territorio chileno.
Ojeda había recibido asilo del gobierno de Gabriel Boric a finales de 2023 y había protestado frente al Palacio Presidencial de la Moneda exigiendo la liberación de sus compatriotas presos políticos en Caracas y el fin de las negociaciones entre la oposición y el chavismo. Por eso, sólo el mes pasado el gobierno de Venezuela declaró a Ojeda y otros soldados venezolanos exiliados en el extranjero “traidores al país”. Ojeda antes había sido detenido por una presunta conspiración en contra del dictador Nicolás Maduro, torturado y acusado de traición a la patria sin el debido proceso. Al final consiguió escapar de Venezuela hasta llegar a Chile.
Su caso alertó a la comunidad de disidentes venezolanos residentes en Brasil, en particular a ex militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), unos 900 según estimaciones no oficiales. Muchos de ellos, tras el secuestro de Ojeda, empezaron a cambiar las rutinas de sus familias e incluso sacaron a sus hijos de la escuela. “Desde que vivo en Brasil siempre he tenido miedo de que me secuestraran o me mataran”, declaró uno de ellos de forma anónima al diario O Globo. “Cuando se lo conté a las autoridades brasileñas me dijeron que exageraba, pero el caso de Ojeda ha confirmado que nuestro temor es fundado. Estamos tratando con criminales”, denunció el ex militar. La mayoría de ellos llegaron a Brasil en 2019, cuando el gobierno de Jair Bolsonaro reconoció al gobierno interino de Juan Guaidó. “Ahora tememos que Maduro pida la colaboración de Lula, alegando que los militares que vivimos en Brasil formamos parte de una conspiración inexistente para derrocar al gobierno venezolano”, dijo con miedo uno de ellos a O Globo.
No han faltado ocasiones en las que Lula ha revelado toda su ambigüedad en su relación con el chavismo venezolano. El 29 de mayo de 2023, tras la visita de Maduro a Brasilia, el presidente brasileño declaró a la prensa que su colega venezolano era víctima de una “narrativa” urdida por sus enemigos, mientras que en una entrevista en junio, al ser preguntado por la ausencia de democracia en Venezuela, llegó a relativizar la propia noción de democracia. “El concepto de democracia es relativo para usted y para mí”, respondió. Tras la congelación de las relaciones durante el gobierno de Bolsonaro, con Lula Venezuela y Brasil retomaron y reforzaron su colaboración. En una declaración conjunta de 55 puntos firmada el año pasado, en el punto 54 ambos países se comprometen a “apoyar la promoción y protección de los derechos humanos”. Sin embargo, recordemos que el 15 de febrero Maduro cerró la oficina de derechos humanos de la ONU en Venezuela, mientras que el viernes la Corte Penal Internacional (CPI) rechazó el último recurso presentado por la dictadura venezolana para que se desestimara la investigación en curso por crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.
Pero es sobre todo el punto 38 de esta declaración conjunta del año pasado el que ahora asusta a los ex militares venezolanos que viven en Brasil porque en él está escrito que los dos países “enfatizaron la necesidad de aumentar la articulación de sus agencias de inteligencia y fortalecer sus redes”. Según el sitio de noticias de defensa Defesanet este párrafo “parece imitar el esquema que utiliza la dictadura venezolana para infiltrar organismos de seguridad e inteligencia colombianos con la anuencia del gobierno Petro”. El año pasado, dos meses antes de esta declaración conjunta, el ex presidente colombiano Iván Duque había denunciado ante Washington que entre los temas tratados por Petro y Maduro estaba precisamente el intercambio de información de inteligencia.
“Por solicitud expresa de Nicolás Maduro en Colombia se están iniciando investigaciones a generales colombianos que han luchado contra el terrorismo y grupos terroristas en nuestro país, grupos que son protegidos por Maduro en territorio venezolano”, había revelado Duque. “Además, la cooperación de inteligencia entre Colombia y Venezuela indica que el régimen venezolano está interesado en conocer el trabajo histórico de la inteligencia colombiana con Estados Unidos, Reino Unido y otros países”, había agregado Duque.
También preocupa a los ex militares venezolanos que han huido a Brasil la penetración de la tecnología de vigilancia china. El régimen chavista, recordemos, ha logrado a lo largo de los años crear una extensa red de recolección de datos de inteligencia. En 2018, la corporación china ZTE, ya prohibida en Estados Unidos por su papel en el espionaje y los riesgos de ciberseguridad, construyó un sistema de vigilancia para Venezuela que monitorea el comportamiento de los ciudadanos a través del llamado carnet de la Patria, que se asemeja a una tarjeta de crédito con la que los ciudadanos pueden acceder a prestaciones sociales. ZTE también opera en Brasil desde hace algún tiempo. El año pasado, durante la visita de Lula a China, el gobierno brasileño anunció 20 acuerdos comerciales, entre ellos uno con ZTE para reforzar la cobertura de la red 5G en el sur de Brasil, región donde justo vive la mayoría de los militares venezolanos que huyeron del régimen de Maduro.
Mientras tanto, las autoridades chilenas siguen investigando a los autores del secuestro y asesinato de Ojeda. Como explica la abogada penalista y activista para los derechos humanos venezolana Tamara Suju, directora del Instituto Casla, la contrainteligencia militar de su país, la DGCIM, “también recluta civiles, dentro y fuera del país”. De ahí la posibilidad de la implicación de agentes cubanos o criminales venezolanos. Como han denunciado en el pasado analistas de seguridad y disidentes, la inteligencia cubana está presente y controla importantes puntos fronterizos, tanto en el límite con Colombia como incluso en el aeropuerto de Caracas.
En cuanto a los criminales, es difícil no pensar en el temido grupo del Tren de Aragua. En su libro de investigación “El Tren de Aragua: el grupo que revolucionó el crimen organizado en América Latina”, la periodista venezolana Ronna Rísquez reveló estrechos vínculos con el Primer Comando de la Capital, el PCC, la organización criminal brasileña más importante. Una alianza que ahora atemoriza a los ex militares venezolanos residentes en Brasil. Las relaciones entre ambos grupos criminales comenzaron alrededor de 2017, cuando miles de armas, muchas de ellas procedentes del ejército, circulaban por Venezuela. De ahí la idea de venderlas en Brasil a un costo mucho mayor que en Venezuela, gracias al PCC. Por poner un ejemplo, un fusil AR-15 que costaba 5.000 dólares en Caracas se vendía en Brasil a un precio cuatro veces mayor, es decir por 20.000 dólares. Esta alianza con el crimen organizado brasileño también fue denunciada por un informe del Ministerio Público del estado de Roraima, el principal estado fronterizo con Venezuela, también conocido por la minería ilegal, especialmente de oro. Según el líder opositor venezolano Leopoldo López en realidad “el Tren de Aragua opera con el apoyo de la dictadura de Maduro”.
López dijo al canal de televisión Dnews que la operación hecha por el régimen venezolano en la que 11 mil soldados ocuparon en septiembre pasado la central operativa del grupo criminal, es decir la cárcel de Tocorón, fue una prueba de esto. “El hecho de que durante esta operación no se produjera un tiroteo como en el pasado, y que no se detuviera a ningún líder del grupo indica que fue una operación acordada con el grupo”. El sábado fueron detenidos en Colombia 150 miembros del Tren de Aragua, una cifra que indica lo extendida que está su penetración en toda la región latinoamericana.
En la reunión del pasado viernes con su par venezolano, Lula no habló ni del caso Ojeda ni de la reclamación venezolana para anexar al Esequibo, cuyo territorio corresponde al 70% de Guyana. La reunión, que duró más de una hora, sirvió para que Maduro prometiera elecciones libres en Venezuela tras desoír los acuerdos de Barbados de octubre del año pasado que preveían la retirada de las sanciones estadounidenses a cambio de elecciones democráticas. María Corina Machado, ganadora de las primarias opositoras, fue posteriormente inhabilitada por el tribunal electoral venezolano.
Junto a Lula, Maduro aseguró que las presidenciales se celebrarán en 2024 e invitó paradójicamente a la CELAC, una organización regional impulsada por Chávez y Cuba, a preparar una delegación de observadores para las elecciones, invitación que también cursó a la ONU. Pero justo cuando Lula se fotografiaba sonriente y victorioso por la promesa del dictador, la Asamblea Legislativa venezolana enterró definitivamente el acuerdo de Barbados, proponiendo 27 fechas para las elecciones, sin la participación del principal partido de oposición.
“Es un error imaginar que Lula es víctima de una trampa tendida por Maduro. No, Lula es un participante consciente de una farsa (del presidente venezolano)”, dijo el periodista Demétrio Magnoli, de Globo TV, sobre la expectativa de que el presidente brasileño pueda realmente desempeñar un papel activo en la defensa de elecciones libres en Venezuela.
Durante su reciente visita a Brasil, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, había presionado a Lula para que persuadiera a Maduro de cumplir sus compromisos. La gran incógnita sigue siendo ahora cómo de convincente logrará ser la diplomacia brasileña con el chavismo superando sus propias contradicciones, entre las que se encuentran las ambiguas relaciones con Putin, que es también gran socio de Maduro, como demuestra la reciente visita a Caracas del ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, y el encuentro con funcionarios venezolanos en Nicaragua del secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolai Patrushev. Según un comunicado del Consejo de Seguridad de Moscú, “durante las negociaciones, Patrushev subrayó que Rusia y Venezuela colaboran en la construcción de un orden mundial multipolar justo, la protección del derecho internacional, la lucha contra las sanciones unilaterales y el fortalecimiento de la autoridad de las Naciones Unidas”. En los mismos días, el Partido de los Trabajadores, el PT de Lula, aceptó la invitación del partido Rusia Unida de Putin para supervisar las elecciones presidenciales que se celebrarán del 15 al 17 de marzo y que en territorios ocupados por Moscú, como Ucrania, ya han comenzado. La Unión Europea ya ha hecho saber que no las reconocerá por considerarlas una clara violación del derecho internacional.
“El año pasado, miembros del PT viajaron a Moscú invitados por el partido de Putin en una reunión cuya agenda era el ‘neocolonialismo occidental’”, escribió el diario O Estado de São Paulo en un editorial. “El neocolonialismo es el adorno conceptual utilizado por estos países para promover la versión actualizada de la Guerra Fría: contra el imperialismo y el colonialismo estadounidense y europeo, la salida es el bloque liderado por Rusia y China. Pero esto no es más que un síntoma de la enfermedad infantil de la izquierda del siglo XXI”, una clara referencia a países como Venezuela. Además, la ex Directora General del Instituto Río Branco, la escuela del Itamaraty y responsable de la formación de los nuevosdiplomáticos, Maria Cristina de Castro Martins, tomó posesión como embajadora de Brasil en Caracas la semana pasada. Durante su dirección en abril de 2023 el Instituto Río Branco acogió una clase magistral del ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov. Ante los futuros funcionarios de la cancillería brasileña Lavrov comparó las declaraciones de Europa sobre el conflicto en Ucrania con la propaganda nazi de Goebbels.
Según el comunicado oficial de Planalto, Lula y Maduro también discutieron el entorno económico y el comercio bilateral entre los dos países. Desde el gobierno Bolsonaro, Venezuela se ha convertido en los últimos cinco años en el mayor comprador de arroz brasileño, representando el 21% de los 2.300 millones de dólares del total exportado. Después de Brasil, paradójicamente, Guyana es el mayor exportador. Lula y Maduro también hablaron de alianzas para frenar la minería ilegal en las regiones fronterizas, especialmente en las tierras de los indígenas yanomami, que abarcan zonas de ambos países. Recordemos que Estados Unidos ha vuelto a imponer sanciones contra el sector minero y que el régimen venezolano ha sido acusado en varias ocasiones por famosas ONG, como SOS Orinoco, por su implicación en la minería ilegal.
En cuanto al control fronterizo, es un tema que ha estado en la mente de Venezuela desde el año pasado, cuando fue el propio ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien refirió una conversación telefónica con su colega brasileño, José Múcio Monteiro, y dijo que se había avanzado “para restablecer las relaciones en términos de ‘cooperación militar’ y ‘seguridad fronteriza’”. Sin embargo, en diciembre, el Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil solicitó al Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) la suspensión de la exportación de armas y municiones a países beligerantes, en referencia a la escalada de tensión en la frontera con Brasil entre Guyana y Venezuela, provocada por Maduro a través de un referéndum.
